HIMNO DE RIEGO

Himno de Riego. (Intérprete desconocido)

En este mes de abril, en el que se cumple el 90 aniversario de la proclamación de la II República española, no está de más recordar que, durante los últimos 250 años, la monarquía ha destacado especialmente por dos características comunes que han afectado a todos los monarcas reinantes, desde Fernando VII hasta Juan Carlos I: La corrupción y el exilio. 

Esta peculiaridad, tan propia de la monarquía española, no llegó a cronificarse completamente hasta la subida al trono de Fernando VII. El rey que con sus traiciones y engaños fue capaz de exacerbar tan notablemente el nefasto sentimiento cainita, innegable característica de la idiosincrasia hispana, que unos le conocían como “el deseado” y otros como “el felón”.

El primero, pero no el único caso de corrupción que salpicó a Fernando VII, fue el llamado “timo de los barcos”. Un asunto que estuvo relacionado con una compra multimillonaria, acaecida en 1817, cuando la Marina española, que aún no se había repuesto del desastre de Trafalgar, necesitaba modernizar y reconstruir la flota destruida. Como el asunto era urgente, porque había que hacer frente a los levantamientos e insurrecciones de las colonias americanas, y dado que la industria naval estaba muy debilitada tras más de 10 años de guerra contra británicos y contra Napoleón, Fernando VII negoció con Rusia la compra de cinco navíos y tres fragatas, por un monto, que ya entonces se consideró del todo excesivo, de 70 millones de reales de vellón. Esta operación llenó los bolsillos de muchos intermediarios, los del rey incluidos. Sin embargo, cuando el 21 de febrero de 1818 los barcos rusos llegaron al puerto de Cádiz, se comprobó que los buques eran absolutamente inservibles. Estaban en unas condiciones pésimas, tenían la madera y el velamen podrido y tenían numerosos daños, debidos a anteriores combates y nunca reparados. En definitiva, aquellos navíos solo podían destinarse al desguace. A pesar de la magnitud de la estafa, y aunque el dinero nunca fue devuelto por los rusos, Fernando VII se quedó con sus comisiones, y para poder hacerlo, el después conocido como “el timo de los barcos” tuvo que ser ocultado por el propio monarca, que se afanó en maquillar la realidad hasta el punto de ordenar a los diarios de la época que publicasen que el acuerdo de adquisición de la flota rusa había sido todo un éxito, una magnífica transacción. El pueblo llano nunca llegó a enterarse de que aquello no era más que una gran patraña hecha a medida para ocultar las suculentas ganancias que había obtenido el soberano.

No contento con timar una vez a su pueblo, Fernando VII no cejó en buscar la manera de acrecentar su fortuna y fue con el tráfico de esclavos, con lo que descubrió una de sus principales “oportunidades de negocio” de las que, durante varias décadas, se lucraron los Borbones. Cuando por influencia de la Revolución francesa algunos importantes países europeos prohibieron la esclavitud, los negocios de los negreros españoles, que hasta entonces habían sido boyantes al nutrir de mano de obra esclava a Cuba y a buena parte del Caribe, sufrieron un duro revés que pronto consiguieron atajar gracias a que la corona se convirtió en su mejor aliada, dándoles la tan necesaria cobertura legal que facilitó que el negocio continuase sin problemas hasta 1.886. A cambio de aquel apoyo, Fernando VII se embolsó importantes cantidades de dinero. Algo a lo que, una vez muerto el monarca, su viuda, María Cristina de Borbón, también sacó un valor añadido, mediante la normalización de una cuota por cada esclavo que llegaba a Cuba y que ella percibía directamente, sin intermediario alguno. Unos suculentos ingresos que María Cristina, junto con su segundo marido, Agustín Fernández, compatibilizaron con las comisiones obtenidas por los impuestos sobre la sal, la construcción del ferrocarril y las concesiones de obras públicas que se emprendieron durante el periodo en el que ejerció de regente de su hija Isabel II. Corruptelas que, tras un par de cortas expulsiones del territorio español, llevaron a “la Gobernanta” (como era conocida por el pueblo) a tener que exilarse en 1854 para nunca más volver a España.

Pero, como si se tratase de un requisito necesario más para ostentar la corona, su hija Isabel II no se amilanó y procuro superar con creces las cotas de corrupción alcanzadas por su madre. Hasta el punto de que su reinado, marcado tanto por los chismes que fomentaba su desaforado apetito sexual, como por una no menor afición al lujo y al boato, fue considerado por numerosos eruditos como uno de los más corruptos de la historia. Algo corroborado incluso por notables prohombres, como Emilio Castelar, que en un artículo periodístico titulado “El rasgo”, se atrevió a asegurar que Isabel II, agobiada por las deudas que le generaba su exagerado tren de vida, se reservaba una comisión del 25% del producto de la venta clandestina de numerosos bienes, que en la mayoría de las ocasiones no eran de su propiedad, sino que pertenecían al tesoro de la nación. Una disipada vida, fuertemente marcada por la corrupción, que favoreció el estallido en 1868 de la “Revolución Gloriosa que envió al exilio francés a Isabel II y que precipitó la proclamación, 5 años más tarde, de la I República española.

Después de numerosos pronunciamientos, varios gobiernos provisionales, el efímero reinado de Amadeo de Saboya y el golpe de estado de Martínez Campos, que dio al traste con la República, Cánovas del Castillo restauró la monarquía borbónica en la figura de Alfonso XII, hijo de Isabel II, que compartió con ella el exilio durante 6 años. Aquel joven no tuvo ocasión de emular la carrera corrupta de sus ancestros, ya que una inesperada tuberculosis se lo llevó por delante cuando aún no había cumplido 29 años. Obviamente, no le dio tiempo…

El hijo póstumo de Alfonso XII tampoco se desvió ni un ápice del camino marcado por su abuela y su bisabuelo. Alfonso XIII, que fue tildado por Unamuno con los motes de “el rey del Cabaret” y “el Káiser de Codorniú“, y  del que Valle Inclán afirmó, una vez proclamada la II República, que el pueblo no le había echado “por anticonstitucional, sino por ladrón“, comenzó en 1921 la corrupta carrera de fondo que le llevaría directamente hacia su futuro exilio en Roma, cuando 10 años antes de proclamarse la II República y mientras el país padecía la sangría de la “Guerra del Rif”, el monarca se olvidó de los sufrimientos por los que atravesaba el pueblo y se fue a pasar el verano a la elegante ciudad normanda de Deauville. El principal motivo de aquellas irresponsables vacaciones fue el acuerdo que el rey había firmado con el propietario de un famoso casino para promocionarlo con su presencia, a cambio de 50.000 francos y el 1% de las ganancias de las apuestas.

Obviamente, Alfonso XIII no hizo su fortuna solo ejerciendo de relaciones públicas en el casino de Deauville. La Guerra de Marruecos, que había sido provocada por el empecinamiento del monarca en que el ejército interviniera en la construcción de una línea de ferrocarril para facilitar el transporte de fosfatos y hierro, también sirvió para que amasase una buena fortuna. Una estúpida campaña bélica que terminó con la derrota de Annual, y que dejó más de 20.000 soldados de reemplazo muertos, casi todos de procedencia proletaria, ya que los hijos de las familias más pudientes pudieron eximirse del combate previo pago de 1.000 pesetas por cabeza. Una suma, en aquella época, inalcanzable para cualquier trabajador.

Aquella guerra supuso para Alfonso XIII una excelente fuente de ingresos y, además, por partida doble: Por una parte, se asoció con las empresas que se beneficiaban de la explotación de las minas del Rif, y por otra se procuró unos pingües beneficios gracias a las buenas comisiones que obtuvo de las compras de equipamiento para el ejército de África. La contienda le costó al país la friolera de 5.000 millones de pesetas de la época, de los que una buena parte acabó en las cuentas que Alfonso XIII había abierto en Suiza. Fortuna de la que nunca se habló hasta que, en 2013, 20 años después de la muerte de Juan de Borbón, padre de Juan Carlos I, se conoció que el difunto había dejado a sus tres hijos en herencia más de 1.000 millones de pesetas en cuentas de bancos suizos. Un hecho que vino a desmontar la mentira, tan difundida durante décadas, de que el padre del monarca español había vivido la mayor parte de su vida casi en la indigencia.

Y, tacita a tacita, peseta a peseta… se llegó hasta nuestros días, en los que las pesquisas que se siguen en diversos bancos suizos, las cuentas millonarias que presuntamente atesora el conocido como“rey emérito” en diferentes paraísos fiscales, o el arco iris de tarjetas de crédito que disfrutan él y sus allegados, se han convertido en un importante escándalo para el país, acentuado por el silencio que al respecto siempre ha mantenido la actual Casa Real. Es gravísimo que Juan Carlos de Borbón, aprovechándose de su privilegiada situación se haya lucrado, presuntamente, de diferentes negocios que se han ocultado a la ciudadanía, gracias al silencio de unos medios de comunicación cómplices y a la connivencia de un empresariado igualmente corrupto. Siempre, con el necesario concurso de una estructura política representada por aquellos partidos que, con la excusa de “defender fielmente el legado del espíritu de la Transición”, han participado en la construcción de un entramado de corrupción que inunda todos los estamentos del Estado.

Es de recalcar que los presuntos delitos de Juan Carlos de Borbón no han salido a la luz porque la justicia haya dicho basta, porque ciertos partidos políticos hayan decidido tirar de la manta o porque la propia corona haya creído que era ya la hora de poner las cosas en limpio, sino porque los escándalos del conocido como ”rey emérito” ya no podían seguir tapándose, por lo que lo más conveniente era que la ley interviniese para que la cosa no pasase a mayores, y así poder llegar a una solución lo más benigna posible para el investigado. Una vez más, el presunto cobro irregular de comisiones, la acumulación de riqueza y el ocultamiento de las correspondientes ganancias en países con secreto bancario y a espaldas de la hacienda española, son actividades con las que la familia Borbón ha vuelto a engañar al pueblo. Algo que adquiere especial gravedad y relevancia si consideramos que toda esa presunta trama corrupta ha estado produciéndose durante el periodo en que Juan Carlos de Borbón ejercía la Jefatura del Estado en nombre del pueblo español y de su constitución, amparado por el principio de inviolabilidad que implicaba el desempeño de dicho cargo.

Algunas importantes publicaciones internacionales han calculado, basándose en estimaciones hechas por Forbes, que la fortuna de Juan Carlos de Borbón puede superar los 2.000 millones de euros. Lógicamente, es aquí donde, lógicamente, surge la pregunta del millón: ¿De dónde sacó todo ese dinero? Y, parece que, ya hay quien tiene suficiente información como para afirmar que, además de las presuntas comisiones que generó bajo mano el AVE de La Meca; además de las presuntas posibles mordidas en la venta de armamento a países amigos, y dejando al margen algunas otras presuntas inversiones poco ortodoxas, el hoy conocido como “rey emérito” pudo haber estado embolsándose una comisión por la compra del petróleo que España importaba de algunos países árabes, que pudo oscilar entre 1 y 2 dólares por barril, según denunció en su día Roberto Centeno, exconsejero delegado de CAMPSA. Si hacemos un sencillo cálculo, partiendo de la consideración de que nuestro país importa, aproximadamente, 1 millón de barriles de petróleo al día, no es difícil cuantificar lo que, supuestamente, se ha estado embolsando Juan Carlos de Borbón durante las últimas décadas.

90 años después de la proclamación de la II República española, la monarquía representada por la familia Borbón vuelve a estar sumida en una crisis tan grave, que quizás estemos viviendo un magnífico momento en el que iniciar un proceso que acabe devolviendo al pueblo su voz y su plena soberanía. Una irremplazable oportunidad para que, de nuevo, pueda ser el pueblo y solo el pueblo (sin que haya de por medio pronunciamiento alguno, ni asonada ni dictadura que nos imponga ningún tipo de línea sucesoria, ni por vía de sangre, ni por la gracia de Dios) quien escoja la persona que deba representar al país desde la Jefatura del Estado: Puesto que somos nosotros quienes la pagamos, ya es hora de que seamos también los que la elijamos.

¡¡A POR LA TERCERA!! ¡¡VIVA LA REPÚBLICA!!

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